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Yuhannà
29/06/2009, 12:56
La jurisprudencia es clara en el desconcertante caso del asesino de L'Hospitalet.

LA DIVERGENCIA de criterios entre los tribunales es algo normal en el sistema judicial.Para unificarlos está la via de los recursos y, en último término, la jurisprudencia del Tribunal Supremo.Pero cuando esa divergencia se produce, aunque sólo sea transitoriamente, sobre hechos delictivos de fuerte impacto social, como terrorismo, narcotráfico y actos de violencia sexual, el desconcierto, si no la inquietud, se apodera de la sociedad.

Es ese el efecto que ha producido la anulación por el Tribunal Supremo de la condena a 83 años de cárcel impuesta al asesino de dos mujeres policías en prácticas en L'Hospitalet tras violar a una de ellas.La decisión del Supremo se sustenta en una custión procesal: la condena fue impuesta por la Audiencia de Barcelona cuando el enjuiciamiento de la causa corresponde a un jurado popular, al ser de su competencia el delito más grave de los atribuidos al acusado: el asesinato.

Habrá, pues un nuevo jucio, por lo que no cabe hablar de impunidad.La hipóteses penal de la condena por lo que el acusado hizo con las dos policías se mantiene intacta.Seguirá también entre rejas cumpliendo condenas anteriores por delitos sexuales y por robo.Todo ello es cierto y a pesar de todo, hay que preguntarse si era inevitable un desencuentro judicial tan acusado en un caso que tiene que ver con los más graves delitos del Código Penal (asesinato, violación, profanación de cadáver, robo con violencia, allanamiento de morada e intento de atraco), generadores cada uno de ellos de alarma social.La Fiscalía y la Audiencia de Barclona se han escudado en que la jurisprudencia del Supremo se mantiene dubitativa sobre los criterios a seguir cuando unos delitos competen al jurado popular y otros a la justicia profesional.

El Supremo mantiene que su jurisprudencia es clara: quien tiene la competencia sobre el delito más grave la tiene sobre la causa.Y como en el caso del asesino y violador de L'Hospitalet el delito más grave, el de asesinato, corresponde juzgarlo al jurado popular,la competencia sobre la causa es suya.Cabe plantear por qué si todo es tan claro como dice el Supremo, la Fiscalía y la Audiencia de Barcelona se equivocaron.Quizá sea porque hay resquicios para el error, pues no siempre la jurisprudencia del Supremo es tan firme y clara como sería de desear.Si a partir de ahora los es sobre el deslinde de atribuciónes entre el jurado y la justicia profesional algo se habrá adelantado.



El País, 280609.
opinión.