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Yuhannà
15/06/2009, 13:30
LOS DECRETOS DE LA DISCORDIA.

El Gobierno de Alan García se ve forzado a cambiar su estrategia de desarrollo.

Las tribus amazónicas son el 1% de la población, 300.000 personas.

Centrales sindicales y estudiantes se han solidarizado con los nativos peruanos, a quienes no les parecen suficiente la decisión adoptada el pasado miércoles por el Congreso de suspender indefinidamente la vigencia de dos de los decretos más cuestionados, el 1.090, conocido como ley forestal y de fauna silvestre, y el 1.064, que establece el régimen jurídico de las tierras de uso agrícola.Ambos son parte de un paquete de normas legales que aprobó el Gobierno en junio de 2008 para alentar la inversión en la Amazonia y adecuar el marco legal peruano al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Las comunidades indígenas argumentan que no fueron consultadas acerca de estos decretos que les afectan directamente, y sostienen que son inconstitucionales.Las demandas de los nativos ignoradas durante meses hasta que tomaron medidas de fuerza."Sólo su derogación definitiva nos dejará satisfechos", advirtió Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana ( Aidesep), que agrupa a la mayor parte de comunidades nativas.Zapata lidera ahora la protesta, después de que Alberto Pizango, acusado por el Gobierno de sedición y de las muertes de la semana pasada, se refugiara en la Embajada de Nicaragua en Lima y se le concediera asilo político.

Algunos expertos aseguran que las protestas van más allá de los decretos cuestionados."El motivo del conflicto no es la existencia de estas medidas legislativas, sino el lenguaje político y las políticas en general, que los nativos han interpretado que ponen en peligro los derechos de propiedad y el usufructo de sus tierras", explica Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.


Jaime Cordero.Lima.
El País, 140609.